Varios lectores del blog han manifestado razonablemente sus dudas con respecto a los verdaderos motivos de la renuncia de Mons. Carlos Domínguez a su sede de San Rafael. Respondo al respecto con una primera razón de sentido común: ¿qué obispo renuncia a su munus por meras razones personales, dos días después de la fiesta patronal, sin despedirse de sus fieles con una misa, por ejemplo, sino que lo hace a través de una breve nota escrita a las apuradas después de entrevistarse con el nuncio apostólico? Y aún más, ¿por qué motivo, inmediatamente después de esa entrevista, voló (¿huyó?) a Roma, donde se encuentra desde el día viernes, refugiado probablemente en viale della Astronomia o en via Sistina, a un paso de la bellísima Piazza del Tritone?
Pero más allá de esta observación básica, es necesario aclarar lo siguiente:
1. Las víctimas, quienes merecen protección y respeto, son las únicas que pueden autorizar la publicidad del caso. Si ellas deciden no hacerlo, no seré yo quien dé a conocer detalles de lo sucedido.
2. Simplemente puedo decir que se trató de un caso de abuso sexual —y por tal entiendo actos de naturaleza sexual cometidos sin el consentimiento libre y válido de la víctima—, en el que están involucrados tres jóvenes mayores de edad. Además, es probable que una de las conductas del obispo Domínguez conlleve la excomunión latae sententiae (automática), reservada a la Santa Sede.
3. Si sólo las víctimas pueden dar a conocer lo sucedido, ¿por qué entonces nos metemos nosotros en la cuestión? Porque estamos convencidos de que todos los católicos debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para erradicar de la Iglesia la plaga que la azota, que la está destruyendo y por la que sufrimos todos. En otras palabras, se trata de evitar el encubrimiento —que ya ha comenzado a funcionar—, y que lograría que en tres meses, Mons. Carlos Domínguez fuera destinado a un convento de su orden (los agustinos recoletos) en España, como si nada hubiera pasado, para seguir cosechando víctimas y mancillándose de ese modo la justicia para con las víctimas, los fieles de San Rafael y toda la Iglesia.
4. La denuncia ratificada por los tres afectados fue realizada en los primeros días de febrero en el obispado de San Rafael y girada, como corresponde, a la sede metropolitana de Mendoza. Precisamente, el arzobispo de Mendoza, Mons. Marcelo Colombo, defensor de la marcha LGTBQ y complaciente acogedor de “quienes viven una identidad sexual en tensión con la Iglesia”, es quien recibe la denuncia. Y, para furia de parte de su clero, aún del más cercano, se nombra a su auxiliar, Mons. Marcelo Mazzitelli, miembro del Club de San Isidro (sabemos lo que eso significa) como administrador apostólico de San Rafael. La comprensible furia de los buenos sacerdotes mendocinos se debe a que se ha armado descaradamente, y nuevamente, la maquinaria del encubrimiento. Y esto propicia filtraciones, entre otras consecuencias. Las víctimas quedarán sin justicia y sin ser resarcidas, y el culpable no será juzgado ni castigado.
Ya basta.
