Tucho da marcha atrás

 

En los últimos días, en dos ocasiones (aquí y aquí) nos referimos al escándalo que significaba la absolución de hecho del sacerdote Ariel Principi, quien había sido condenado a la expulsión del estado clerical por el delito de abuso sexual de menores, en un proceso canónico ordinario por dos tribunales,.

Y lo bochornoso de la situación no era solamente que, a pesar de las declamaciones de tolerancia cero del Papa Francisco, a este señor se lo dejara seguir ejerciendo su ministerio sin siquiera una suspensión, sino que lo hacía más sospechoso que la absolución fuera responsabilidad directa de quien Principi es coétaneo, compañero de seminario, compañero de diócesis y amigo muy cercano, el cardenal Víctor Tucho Fernández. 

Pues bien, la diócesis de Río Cuarto recién comunicó que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe anuló el recurso extraordinario y, acto seguido, confirmó la sentencia condenatoria y la pena aplicada por los dos tribunales ordinarios. Un nuevo traspiés del caótico pontificado bergogliano y una nueva trapisonda de Tucho. 

¿Qué es lo que ocurrió? No lo sé, y estimo que lo sabrán solamente muy pocas personas. Pero creo que podemos colegirlo, insistiendo en que se trata sólo de una presunción.

La primera rareza —y me corregirán los conocedores del derecho canónico si es que estoy equivocado—, es que la anulación de la pena que surgió del proceso ordinario fue dispuesta y comunicada por Mons. Edgar Peña Parra, Sustituto de la Secretaría de Estado. El organismo vaticano que entiende en casos de abuso sexual es el dicasterio de Doctrina de la Fe y supongo que la Secretaría, por ser la “Suprema”, podría intervenir en ultimísima instancia. Es probable que Tucho, con las astucia que lo caracteriza, haya querido salvar a su amiguito y, pensando que iba a quedar muy grosero que fuera él quien le levantaba la pena, le pidió a Peña Parra, que tiene antecedentes ambiguos por decir lo menos, que le hiciera el favorcito. Entre bomberos no iban a andar pisándose la manguera.

Pero en la actualidad nada pasa desapercibido, y mucho menos este tipo de cosas. Mientras que en Bruselas Francisco pedía perdón y se avergonzaba por los abusos sexuales cometidos por clérigos, en Roma se levantaba la pena a un condenado por este mismo delito. Seguramente, entonces, las presiones habrán comenzado a llegar al Vaticano, y probablemente también a Santa Marta, y quienes se habrán quejado furiosamente con toda probabilidad habrán sido Mons. Uriona, obispo de Río Cuarto y los integrantes de los dos tribunales —de Córdoba y de Buenos Aires— que juzgaron al cura degenerado y quedaron desautorizados. Se sabe que los obispos de la provincia de Córdoba la semana pasada estaban furiosos por lo ocurrido. ¿Será que el cardenal Rossi, que se encuentra en Roma participando del sínodo, le pido al Papa Francisco que interviniera?

Es probable que desde la mismísima Santa Marta haya partido una llamada telefónica a Tucho en la que, con las palabrotas acostumbradas y otras aún más soeces, el pontífice le haya exigido arreglar el lío que había armado. Y Tucho puso manos a la obra.

Sin embargo, solucionar este entuerto no era cosa fácil. Y tuvieron que recurrir a otra rareza muy rara: el dicasterio de Doctrina de la Fe anula una decisión de la Secretaría de Estado. ¿Conflicto de intereses? ¿Conflicto de poder? En otro tiempos, esto habría significado una guerra entre cortesanos. ¿Sucederá ahora lo mismo? No lo creo. Y la chapucería de Tucho se completó confirmando la pena del proceso ordinario, es decir, dando marcha atrás.

¿Qué queda de todo esto? Que el Sr. Ariel Principi, referente espiritual de buena parte del monjerío argentino, ha sido expulsado del estado clerical. Que el Sustituto de la Secretaría de Estado ha quedado públicamente desautorizado y humillado por parte de su vecino el cardenal Fernández. Y que este purpurado, coccolato y regalón del papa Francisco, puso con su probada torpeza nuevamente en un brete a la Santa Sede.

No resulta extraño, por eso mismo, que en los últimos meses Tucho esté tan calladito y tranquilo. Todos recordamos que en los primeros tiempos de su nombramiento se paseaba cual glamorosa diva por todos los plató mediáticos que le abrían sus puertas. Luego de la gran metida de pata de Fiducia supplicans se tranquilizó. Y después del caso Principi seguirá aún más tranquilo. Sabe muy bien lo costoso que es ser la causa de los enfados de Su Santidad. 

El Sodalicio y la Gestapo vaticana

  

Conozco poco y nada de Derecho Canónico, y conozco menos aún del Sodalicio de Vida Cristiana y de los tejes y manejes de su fundador y de algunos de sus miembros. Sin embargo, el sentido común me dice que todo acusado, antes de ser condenado, tiene derecho a defenderse y, aún más, que nadie puede ser condenado sin antes haber sido imputado de un delito concreto, conocidas las pruebas de sus acusaciones y tenido la oportunidad de defenderse.

    Sabemos que durante el sinodal pontificado de Francisco el Código de Derecho Canónico ha sido, de hecho, abrogado, y que en la Iglesia se hace solamente lo que el tirano quiere. Y es eso mismo lo que ha ocurrido la semana pasada con las expulsiones públicas, humillantes y sin ninguna explicación que sufrieron diez miembros del Sodalicio de Vida Cristiana. No se trata de opinar sobre el caso de Luis Fernando Fígari, fundador de esa sociedad y acusado de abusos sexuales y de autoridad. El mismo Sodalicio reconoció los cargos. Ni tampoco de otros sodalites, que hace ya tiempo dejaron la institución o han muerto. La cuestión es con los otros nueve miembros, entre ellos un arzobispo, que fueron condenados con Fígari por voluntad directa del Papa Francisco, lo cual implica que no tienen posibilidad alguna de recurrir la sentencia.

Estamos en presencia de un nuevo caso —y ya son muchos— de comportamiento despótico y, como tal, caprichoso del tirano gloriosamente reinante. Se hace lo que él quiere y se acabó, sin discusión alguna; sin procesos judiciales, sin audiencias, sin sentencias de tribunales y sin posibilidad de apelación.  Y luego de firmar la condena, Bergoglio se dirige a la basílica de San Pedro a pedir perdón por los pecados contra la sinodalidad. Ni la comedia más absurda de Ionesco ni la más chusca de Molière podrían haber albergado un personaje como Bergoglio. Sus autores lo habrían considerado demasiado grotesco. Sin embargo, nos ha tocado a nosotros no solamente asistir a la comedia sino también sufrirla.

La decisión de Francisco sobre el Sodalicio confirma, además, la vocación que tiene el pontífice romano por hurgar en congregaciones e institutos religiosos de corte conservador. Desconozco si alguna vez ha tomado decisiones como la que comentamos o como las tomadas contra los Franciscanos de la Inmaculada por ejemplo, contra algún tipo de grupo de corte progresista. Da la impresión que, más que verdades y justicia, lo que busca son revanchas y satisfacción de viejos resentimientos.

Sin embargo, hay un detalle que es preocupante y que los canonistas podrán decir hasta qué punto constituye un hecho que sienta precedente. El décimo de los condenados es Alejandro Bermúdez, periodista ampliamente conocido en los medios católicos de linea conservadora. Bermúdez era —a tenor de lo que dijo luego de conocida su expulsión ya no lo es más— el arquetipo de lo que aquí llamamos neocon. Y sin embargo, fue expulsado por el Papa Francisco del Sodalicio, por «abuso en el ejercicio del apostolado del periodismo». Para un lego en derecho como soy yo, la acusación suena a disparate, pero no despierta sonrisas sino preocupaciones. 

La preocupación más evidente pero menos peligrosa sería que la Gestapo vaticana -integrada por Mons. Charles Scicluna, comisario político todo terreno de Bergoglio, y Mons. Jordi Bertomeu, sacerdote catalán con ambiciones de convertirse en el próximo arzobispo de Barcelona-, comience a buscar, y encontrar, otros casos del mismo tipo de abuso. No sólo caería en sus manos este servidor, sino otros muchos y más importantes: Aldo Maria Valli, Marco Tosatti, la Cigüeña de la Torre, John-Henry Westen y tantos otros. Es verdad que, en estos casos, no tendrían los sucesores de Heinrich Himmler institución de la que expulsarnos porque somos apenas unos pobres y simples laicos. En todo caso, nos tendrían que expulsar de la Iglesia —es decir, excomulgarnos— lo cual pareciera exagerado. ¿Exagerado? Hoy se ejecutará la sentencia de excomunión dictada por el Papa Francisco contra dos laicos peruanos -Giuliana Caccia Arana y Sebastián Blanco-, comprometidos con la defensa de la familia y de los valores de la fe, y activos en las redes sociales, por cinco razones inconsistentes; son conservadores y no son amigos de sus amigos; entonces, excomunión [Edificante la valentía de ambos].

Pero más preocupante aún es que se aplique este nuevo tipo de delito canónico a otros casos. Por ejemplo, un sacerdote —que es el más indefenso ante el poder episcopal y pontificio— podría ser expulsado del estado de vida clerical por el delito de «abuso en el ejercicio del apostolado de la confesión» si niega la absolución a una persona que no reúne las condiciones requeridas, o de «abuso en el ejercicio del apostolado de la eucaristía» si niega la comunión a un pecador público, o de «abuso en el ejercicio del apostolado de la misión» si bautiza a un musulmán que se convirtió a la Iglesia católica. La imaginación de cada uno podrá encontrar muchas otras aplicaciones que, con seguridad, ya están almacenadas en la imaginación papal. 

Estas mismas líneas yo no las habría escrito algunos años atrás. Siempre dije quién era Bergoglio y lo que le esperaba a la Iglesia con su pontificado. Pero nunca sospeché que su  desparpajo y desvergüenza iban a ser tan monstruosos. Será cuestión, nomás, de soportar la tempestad hasta que el buen Dios se digne levantarnos el castigo que, seguramente, merecemos por nuestros pecados. 

No puede dejar de mencionarse en este contexto un hecho recientísimo. Mientras los miembros del Sodalicio de Vida Cristiana son expulsados sin ningún tipo de proceso y dos laicos conservadores y defensores de los valores cristianos son excomulgados, al sacerdote Ariel Principi se le levanta la condena. Este sacerdote de la diócesis de Río Cuarto fue sometido a un proceso canónico que duró varios años y en el cual resultó condenado por abuso sexual de menores en dos instancias judiciales. La sentencia que le impuso el tribunal fue la expulsión del estado clerical, y de tal modo fue comunicado hace una semana por el obispado. Y Mons. Uriona afirmó que: "Ahora estamos esperando la notificación del dicasterio de Doctrina de la Fe", que no haría más que confirmar las dos sentencias previas. 

    Pero no fue así. La comunicación fue firmada por el Sustituto de la Secretaría de Estado, Mons. Edgar Parra Peña, de frondoso prontuario, y en ella se dice que si bien el P. Principi ha tenido comportamientos inadecuados, le hacen un chas chas en la cola, y nada más. Se deja sin efecto la sentencia previa y el P. Ariel Principi, condenado por abuso sexual de menores, sigue siendo sacerdote y ejerciendo, con algunas limitaciones, su ministerio. 

    Me preguntó dónde ha quedado la política de "tolerancia cero" tan cacareada por el Papa Francisco, y a la cual acaba de apelar en su viaje a Bélgica. 

    Resulta curioso, además, que quien entendió en el caso por competencia y porque así lo declaró el obispo de Río Cuarto, es el cardenal Víctor Tucho Fernández, prefecto de Doctrina de la Fe. Llama la atención que este purpurado sea coetáneo y de la misma diócesis de origen del P. Principi, compañero de seminario y, además, amigo muy cercano, tan cercano y querido que fue su asistente o "padrino" en su consagración episcopal. Simples coincidencias.